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El CGPJ exige al Congreso que someta la reforma a informes de la Comisión de Venecia y de los jueces

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Carlos Lesmes

El CGPJ exige al Congreso que someta la reforma a informes de la Comisión de Venecia y de los jueces

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El Consejo General del Poder Judicial ha aprobado esta mañana una declaración institucional en la que reclama al Parlamento que someta a informe de la institución, de la Comisión de Venecia y de las asociaciones de jueces la reforma propuesta por PSOE y Unidas Podemos para limitar las competencias del órgano de gobierno de la Judicatura cuando entre en período de prórroga.

El CGPJ se alinea, así, con las reiteradas advertencias que se vienen lanzando desde las instituciones europeas a Pedro Sánchez para que no acometa modificaciones sustantivas en el ámbito de la Justicia sin escuchar antes a las partes involucradas y al organismo consultivo del Consejo de Europa en materia de Derecho Constitucional (la Comisión de Venecia).

La reforma trata de impedir, sobre todo, la realización de nombramientos de altos cargos judiciales. Los grupos parlamentarios que apoyan al Gobierno quieren pisar el acelerador y han acordado tramitar la reforma por el trámite de urgencia para que esté aprobada cuanto antes, previsiblemente a finales de febrero o en marzo. 

El Consejo General del Poder Judicial insta al Parlamento a escuchar su opinión sobre la reforma «con fundamento en la defensa de la posición constitucional que el CGPJ tiene en nuestro Estado de Derecho como garante de la independencia judicial»

16 votos a favor

La declaración, aprobada por 16 votos a favor, pone también de manifiesto la necesidad de escuchar a la Comisión de Venecia y «a todos los agentes afectados por la reforma propuesta, en particular las asociaciones de jueces y fiscales, así como a las demás entidades representativas e instituciones públicas del ámbito de la Justicia».

El CGPJ, que insta a los grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados y del Senado a que procedan «sin mayor demora a llevar a efecto la renovación», argumenta que «la trascendencia constitucional de la modificación propuesta» y la interpretación del Derecho de la Unión Europea «demandan que toda iniciativa legislativa –cualquiera que sea su origen- que, como la presente, delimite los aspectos esenciales del estatuto de los miembros del Poder Judicial o que afecte al estatuto o a las funciones de los miembros del órgano de gobierno del poder judicial, deba tramitarse dando audiencia a todos los sectores implicados»

«Eso incluye al propio CGPJ y a la Comisión Europea para la Democracia por el Derecho (Comisión de Venecia -Consejo de Europa-) así como a las asociaciones judiciales, de fiscales, los Consejos profesionales y a los sindicatos con implantación en la Administración de Justicia y las comunidades autónomas».

El CGPJ recuerda que la necesidad de esas audiencias ha sido expresada por la Comisión Europea en sus recientes Recomendaciones (UE) 2017/15201 y 2018/1032 y «se le ha recordado al Reino de España en sendas comunicaciones del portavoz de Justicia de la Comisión Europea del 15 de octubre y, más recientemente, del 4 de diciembre de 2020».

Cinco vocales propuestos por PSOE e IU (Álvaro Cuesta, Clara Martínez de Careaga, Pilar Sepúlveda, Rafael Mozo y Concepción Sáez) no han apoyado la declaración y han anunciado un voto particular.

Cuesta presentó un texto alternativo en el que proponía que se anunciase a las Cámaras la «voluntad y decisión» de los vocales de presentar su renuncia «con efectos del primero de enero de 2021». La propuesta ha sido rechazada, y cuando otro vocal le ha preguntado si, por coherencia, él pensaba dimitir ha contestado que no.

Más nombramientos

También hoy el CGPJ ha elegido por mayorías de 17 y 18 votos a otros cuatro altos cargos de la Magistratura, en contra de la pretensión del Gobierno de Sánchez de que no hiciera nombramientos por encontrarse en funciones.

El CGPJ, con acuerdo de los vocales propuestos por PP y PSOE, ha elegido al magistrado progresista Pablo Aramendi como presidente de la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional, puesto en el que sucede a Ricardo Bodas, elegido magistrado de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo el pasado 26 de septiembre.

Aramendi ha obtenido 17 votos de los 21 del Pleno del CGPJ. En blanco han votado los vocales propuestos por IU y PSOE Concepción Sáez, Álvaro Cuesta y Pilar Sepúlveda, mientras que la vocal propuesta por el PP Nuria Díaz Abad ha apoyado a Emilia Ruiz Jarabo.

En los otros tres nombramientos realizados esta mañana se ha logrado una mayoría de 18 votos. María José Renedo ha sido elegida presidenta de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Castilla y León; David Ordóñez estará al frente de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Asturias y Joaquín González Casso asciende a la presidencia de la Audiencia Provincial de Cáceres.

Son los primeros nombramientos de cargos judiciales discrecionales que realiza el CGPJ después de que el Congreso haya tomado en consideración la reforma de las competencias de la institución que gobierna a los jueces.

El actual CGPJ, presidido por Carlos Lesmes, se encuentra en funciones desde hace dos años, pero continua ejerciendo sus competencias ya que la ley vigente no las restringe en modo alguno. Los grupos parlamentarios que apoyan al Gobierno han acordado tramitar la reforma que restringe al CGPJ por el trámite de urgencia para que esté aprobada cuanto antes, previsiblemente a finales de febrero o en marzo. 

Este jueves también serán aprobadas las bases de las convocatorias para cubrir seis vacantes en el Tribunal Supremo (dos plazas de magistrados en la Sala Civil, dos en la Contencioso-Administrativa, una en la de lo Social y una en la de lo Militar), dos presidencias de Sala en tribunales superiores y cuatro presidencias de Audiencia Provincial (Burgos, Gerona, Logroño y Lugo).

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