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Podemos acusa a Ábalos de suspender la negociación de la ley de Vivienda con la excusa del 14-F

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David Lucas

Podemos acusa a Ábalos de suspender la negociación de la ley de Vivienda con la excusa del 14-F

Nueva bronca en el Gobierno. A pocas horas de una nueva reunión de trabajo sobre la ley de vivienda, el equipo de Pablo Iglesias en la Vicepresidencia segunda preparaba la reunión en la tarde de este jueves sabiendo que no serviría de nada. Finalmente se ha suspendido. Según fuentes de mabos lados del Gobierno, el equipo de José Luis Ábalos da por canceladas las negociaciones hasta después del 14-F.

Según fuentes de Unidas Podemos, «este miércoles se comunicó a Unidas Podemos que no habría nuevas reuniones hasta después del domingo electoral». La formación de Iglesias «no está de acuerdo con retrasar esta negociación, que reviste enorme urgencia». Fuentes del PSOE en el Gobierno alegan que el abiente preelectoral estaba «viciando» una negociación «demasiado importante» y que «es mejor llegar un poco tarde que hacer una mala ley».

Una y otra formación del Gobierno de coalición se acusan de deslealtades cruzadas. Unidas Podemos desveló este lunes «importantes discrepancias entre el PSOE y UP con respecto a la ley de vivienda», filtración que molestó infinitamente en el lado socialista. Este miércoles, aseguran los morados, «el Ministerio de Transportes se negó a compartir el borrador completo del texto legislativo», tal y como dicen que se había acordado con Belarra, «hasta que se celebren las elecciones catalanes».

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Ione Belarra, secretaria de Estado para la Agenda 2030.

ADP

La secretaria de Estado para la Agenda 2030 es la negociadora jefe de Iglesias en estas conversaciones con el departamento de Transportes y Agenda Urbana de Ábalos. Frente a ella, en la mesa del Ministerio de Transportes, se sienta David Lucas, director general de Vivienda y exalcalde de Móstoles, una de las ciudades dormitorio más pobladas del «cinturón obrero» de Madrid. 

«Perjudicial para Illa»

Unidas Podemos entiende que «los socialistas no compartirán el borrador de la ley con sus socios de gobierno presumiblemente por la falta de ambición del mismo». Y atribuyen esta decisión a que la candidatura de Salvador Illa por el PSC no comparte las actuales leyes catalanas, que «en materia de vivienda son de las más avanzadas del Estado».

Para los de Iglesias, «un texto con medidas poco ambiciosas, como las que se han planteado hasta el momento en la mesa de negociación, podría serle perjudicial al candidato Illa».

La batalla por el espectro electoral de izquierda no independentista en Cataluña se agudiza día a día entre PSOE y Unidas Podemos. Y ya ha llegado a provocado enfrentamientos políticos a nivel nacional. En el seno del lado socialista no sentó nada bien el tono de la comparecencia de Ione Belarra en la comisión parlamentaria de este martes. Según fuentes gubernamentales del PSOE, la secretaria de Estado para la Agenda 2030 «hizo más un mitin que una exposición».

De hecho, en la banda socialista señalan a dirigente morada por sugerir que el PSOE no ha hecho una buena política de vivienda social desde que gobierna en 2018, al asegurar que «España tiene menos de una vivienda social por cada 100 habitantes (0,9). Estamos a años luz de otros países como Francia (7,2) o Países Bajos (12,5)».

Y que «esta situación es consecuencia de décadas de ausencia de una política estatal de vivienda que apueste por un parque público de vivienda en alquiler homologable al de otros países de Europa» y del «enorme descontrol para que el sector inmobiliario obtenga grandes beneficios».

El fondo de la bronca

El encargo del presidente, Pedro Sánchez, a su socio y líder Unidas Podemos y a su número tres en el PSOE para que juntos sacaran adelante la nueva Ley General de Vivienda por ahora sólo se ha sustanciado en dos reuniones para fijar el calendario, un retraso -la cita de este miércoles se retrasó 24 horas- y, ahora, una suspensión.

El presidente convino con el vicepresidente segundo que él y Ábalos debían «redactar juntos la nueva Ley de Vivienda» para desencallar la negociación interna de los Presupuestos Generales del Estado, el pasado noviembre. Entonces, fuentes socialistas del Gobierno ya advirtieron de que habría fricciones.

Las posiciones de unos y otros son muy distantes en este campo. Los morados necesitan alimentar a sus bases, activistas de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) y del Sindicato de Inquilinos. Lo que, según el PSOE, «les lleva a posiciones muy maximalistas» en este campo. Porque de hecho muchos de los dirigentes de Podemos empezaron en el activismo callejero contra los desahucios», recuerdan en fuentes de Moncloa.

Alquileres y desahucios

Hasta ahora, Ábalos ya le ha parado los pies a Iglesias en su exigencia de prolongar la prohibición total de los desahucios más allá del actual estado de alarma.

Y respecto a la fijación de precios máximos en el alquiler, otra de las reivindicaciones que los morados filtraron este lunes en sus quejas por «la falta de voluntad negociadora del lado socialista» que se traducía en «nulos avances en la negociación», una fuente cercana al ministro Ábalos declaró a EL ESPAÑOL que Podemos podría ver decepcionadas sus demandas, porque «de aquí a marzo aún pueden pasar muchas cosas».

Y es que, por ejemplo, la medida no gusta nada en el equipo económico de Nadia Calviño. Este punto, de hecho, ha sido una imposición morada a la que se lleva resistiendo Ábalos desde que el PSOE gobernaba en solitario, tras la moción de censura.

Entonces ya provocó enfrentamientos entre ambas formaciones, al punto de que los morados -que apoyaba al Ejecutivo con sus 71 escaños, el doble que ahora. Entonces, la negociadora ya era Ione Belarra -hoy secretaria de estado de Iglesias- y Podemos se plantó votando en contra del decreto de los «viernes sociales» que había negociado con el Ejecutivo al no ver colmadas sus aspiraciones.

se ha topado con una nueva pelea entre los dos bandos del Gobierno a cuenta de los desahucios. Y todo a pesar de que la cita, la semana pasada, fue una mera toma de contacto sobre generalidades entre el Ministerio de Transportes y el de Derechos Sociales, según fuentes gubernamentales. 

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