Este tipo de ataques y amenazas han ido en aumento conforme avanza la deforestación en la Amazonía colombiana, que ha superado 100.000 hectáreas en tres de los últimos cuatro años. Se derriba el bosque tropical que es hogar de una biodiversidad espectacular para ganar terreno para la ganadería y la agricultura comercial, la producción de aceite de palma, la extracción de combustibles fósiles, la minería ilegal de oro y la explotación forestal. Algunos líderes de comunidades locales, al ver su agua envenenada y sus tierras devastadas, se han organizado para crear una última línea de defensa en contra de esta destrucción y le han dado difusión al problema a través de procedimientos legales y campañas publicitarias.

Duque ha hecho muy poco para proteger a estos defensores o buscar y llevar ante la justicia a sus atacantes. La Unidad Nacional de Protección, creada en 2011 para proteger a los defensores de los derechos humanos, en el caso de Silva ha dado apoyo de transporte y, solo bajo presión, cierta presencia policiaca. Aunque las autoridades civiles y militares afirman que investigan y toman medidas para desarmar a los grupos ilícitos armados, conforme al compromiso expresado en el acuerdo de paz de 2016 que le puso fin a un conflicto armado interno de cinco décadas con guerrillas izquierdistas, organizaciones como el Comando de la Frontera se siguen fortaleciendo en la Amazonía y otras regiones.

Duque firmó a regañadientes un acuerdo regional en asuntos ambientales denominado Acuerdo de Escazú, conforme al cual el gobierno se obliga a proteger a los defensores del medioambiente. Por desgracia, no ha ejercido casi ninguna presión para que el Congreso ratifique el acuerdo, y entretanto las industrias minera, ganadera y de infraestructura han montado una campaña de desinformación en su contra.

Una de las razones por las que los grupos armados ilegales de Colombia han podido operar con tal descaro es que Duque, de hecho, se ha desentendido del acuerdo de paz suscrito por su predecesor. Su gobierno ha socavado la Jurisdicción Especial para la Paz, establecida para administrar justicia a aquellos responsables de delitos cometidos en contra de los derechos humanos durante el conflicto, y ha desatendido la comisión encargada de diseñar y dar seguimiento a la política criminal para desmantelar las organizaciones responsables de ataques en contra de personas defensoras de los derechos humanos. Los grupos paramilitares de Colombia, precursores de muchos de los grupos armados ilícitos que operan en la actualidad, cometieron la gran mayoría de los asesinatos de ciudadanos durante el sangriento conflicto interno del país.

Duque aprovechó el reciente arresto de un traficante de drogas de alto nivel, Dairo Antonio Úsuga, conocido como Otoniel, para adjudicarse una victoria en contra de los grupos ilícitos responsables de los ataques en contra de ambientalistas. Sin embargo, la experiencia de Colombia tras el asesinato de Pablo Escobar muestra que nada garantiza que la desaparición de un cartel poderoso produzca alguna disminución en el tráfico de drogas o la violencia relacionada a largo plazo.

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