SANTIAGO, Chile — El domingo, los chilenos le dieron la ventaja a un político de extrema derecha en la primera vuelta de los comicios presidenciales, un giro sorprendente en una nación que ha sido sacudida por protestas políticas y sociales por la desigualdad y el aumento del costo de vida.

Con más del 88 por ciento de los votos contados, José Antonio Kast, un abogado conservador y exdiputado que prometió restaurar la seguridad y el orden y reducir drásticamente el tamaño del Estado, había alcanzado una ventaja de tres puntos sobre su rival de izquierda, Gabriel Boric. Los dos se enfrentarán el 19 de diciembre en la segunda vuelta.

“Hoy dimos el primer paso para que la esperanza se haga realidad”, dijo Kast a sus partidarios el domingo por la noche frente a la sede de su campaña, en un exclusivo barrio de Santiago. “Chile merece paz, merece libertad”.

La campaña se llevó a cabo en un periodo inusualmente turbulento en el país sudamericano, que ha sido gobernado durante décadas por partidos centristas y que, hasta hace poco, había sido considerada como una de las democracias más estables y prósperas de la región.

El presidente saliente de Chile apenas logró eludir un proceso de destitución este mes. Un mes antes, el ejército fue enviado al sur para enfrentar a un movimiento cada vez más violento de militantes indígenas. Y desde julio, un grupo de delegados en la capital ha estado escribiendo una nueva Constitución, un proyecto que derivó de las protestas generalizadas en 2019, en las que se reclamaba la desigualdad y el aumento del costo de vida.

Este momento turbulento, que la pandemia de coronavirus ha complicado aún más, preparó el escenario para la primera vuelta de una elección presidencial inusualmente polarizada el domingo. Las coaliciones centristas que se han alternado el poder en las últimas décadas no son las favoritas en una campaña liderada por candidatos más radicales que ofrecen visiones del futuro completamente opuestas a los chilenos.

La elección de Chile es una de varias en América Latina en las que los gobernantes y los partidos en el poder están a la defensiva, en parte debido a la agitación social y el malestar económico que ha infligido la pandemia. Otras de las contiendas más importantes son las presidenciales del próximo año en Brasil y Colombia, dos países en los que el virus ha dejado como saldos la muerte de cientos de miles de personas y paralizado grandes sectores de sus economías.

“La covid expuso la desigualdad, la exacerbó y facilitó su politización de una manera que, creemos, será muy difícil para los mandatarios en el poder”, dijo Jennifer Pribble, profesora de ciencias políticas en la Universidad de Richmond, especializada en América Latina. “Ha generado un malestar y descontento que la ciudadanía tiene descargar contra alguien”.

Los candidatos principales que contienden para sustituir al actual presidente, Sebastián Piñera —quien no puede reelegirse— están en lados opuestos del espectro político: Boric, un diputado de izquierda que promete ampliar considerablemente la red de seguridad pública, y Kast, un exdiputado de extrema derecha que propone un Estado drásticamente más pequeño, en el que las fuerzas de seguridad tendrían una autoridad más extensa para sofocar la violencia y el desorden.

Las encuestas más recientes en Chile, que no han sido muy confiables en elecciones recientes, habían registrado el creciente atractivo en los votantes que Kast había tomado en la recta final de la campaña. Las encuestas también sugerían que Boric probablemente logrará llegar a la segunda vuelta en diciembre.

Kast, quien obtuvo el 8 por ciento de los votos cuando se postuló para la presidencia en 2017, y Boric sorprendieron a los analistas políticos al consolidarse como los punteros de la contienda presidencial a medida que los políticos más moderados no generaban tracción.

Ambos aprovecharon el descontento con los partidos tradicionales, que han dominado la política en Chile desde el regreso de la democracia en la década de 1990.

Grisel Riquelme, una costurera de 39 años de Santiago, la capital, que administra una pequeña empresa familiar, dijo que se había sentido tan frustrada con la política que podría anular su voto a manera de protesta.

“Todos los candidatos vienen con el mismo discurso, que van a ayudar al pueblo, que van a solucionar los problemas, que la economía se va a arreglar, que va a haber trabajo y la calidad de vida será mejor”, dijo. “Pero seguimos estando igual, y tal vez peor. Y después se olvidan de lo que prometieron. Cambiamos de caras pero sigue todo igual”.

La insatisfacción con el statu quo condujo a un inesperado estallido social en octubre de 2019, cuando un aumento en las tarifas del metro de Santiago desató una ola de manifestaciones que se prolongó por un mes. El vandalismo, incluido el incendio de estaciones de metro y otros edificios gubernamentales, derivó en una dura respuesta de las fuerzas de seguridad, que dispararon balines de goma contra los manifestantes, lo que cegó a cientos de ellos.

Después de no poder apaciguar las calles durante semanas, Piñera, un multimillonario que distaba de ser el líder ideal para enfrentar un descontento originado por la desigualdad, acordó apoyar una iniciativa para convocar una Convención Constitucional a fines de diciembre de 2019.

Ese proceso inició en mayo de este año con la elección de delegados, que representan a segmentos de la sociedad chilena que habían sido marginados históricamente. El organismo constituyente que redacta la nueva carta magna tiene paridad de género y está liderado por Elisa Loncón, una académica de la comunidad indígena mapuche.

El acuerdo para crear la nueva Constitución fue un logro importante, dijo Pia Mundaca, directora ejecutiva de Espacio Público —un grupo de investigación en Chile que estudia el sistema político—, debido a lo violentas e inestables que se volvieron las calles de Chile en 2019 y a la cantidad de personas en la región que han perdido la confianza en la democracia.

“Es muy poderoso, dada nuestra historia en América Latina con la democracia y momentos antidemocráticos, que una crisis política tan profunda como la que enfrentó Chile a fines de 2019 haya encontrado una salida democrática e institucional”, dijo.

Los integrantes de la Convención Constitucional están debatiendo cómo garantizar derechos económicos y sociales a gran escala, lo que podría trastocar temas como el sistema de pensiones, los derechos reproductivos y los reclamos de las comunidades indígenas sobre sus tierras ancestrales.

Boric, un político de 35 años que tiene tatuajes, evita las corbatas y quien, en caso de ser elegido, se convertiría en el líder más joven de la historia de Chile, ha sido un firme partidario del nuevo proceso constitucional, que ve como una vía para reformar la economía y el sistema político de Chile favorables al mercado de manera drástica.

“Si Chile fue la cuna del neoliberalismo, también será su tumba”, dice su plataforma de campaña.

Boric, de Punta Arenas, una ciudad en el extremo sur del país, ha propuesto una reforma total del sistema de seguridad social, plantea reducir la semana laboral de 44 a 40 horas y propone absolver la deuda estudiantil. El aumento significativo en el gasto público que prevé se compensaría con nuevos impuestos a los ultrarricos y un sistema más eficaz para combatir la corrupción, dice su plataforma de campaña.

Apoya la legalización del aborto —prohibido en Chile, salvo un puñado de excepciones— y el matrimonio igualitario.

Kast, un abogado de 55 años que fue diputado de 2002 a 2018, se opone de manera rotunda al matrimonio igualitario y a la legalización del aborto. Ha propuesto planes draconianos para restaurar la seguridad en el país, entre los que destaca una propuesta para construir una zanja a lo largo de la frontera con Bolivia, una vía de acceso a la inmigración indocumentada.

Dice que la burocracia chilena debería reducirse tajantemente y propone pasar de 24 a 12 ministerios, pero favorece una expansión considerable del sistema penitenciario. Su enfoque de mano dura se llevaría al levantamiento armado de facciones indígenas mapuche en la región de la Araucanía, donde algunas personas buscan recuperar sus tierras ancestrales, ahora controladas por empresas madereras, con métodos como ocupación territorial y quema de camiones, casas e iglesias.

Piñera, quien el mes pasado decretó un estado de emergencia en la Araucanía, donde desplegó al ejército, está por terminar su segundo mandato no consecutivo en la presidencia en un momento complejo. Este mes, los legisladores estuvieron a punto de acusarlo por una transacción en 2010 que involucró a un negocio minero que es parcialmente propiedad de su familia.

Dejará el cargo con casi el 79 por ciento de desaprobación por su desempeño, y muchos tienen una opinión poco halagüeña del manejo de la clase política de los desafíos de los últimos años.

“Gobernar nunca ha sido fácil, y a nosotros nos ha tocado especialmente difícil”, dijo en un discurso el miércoles. “Lamentablemente, en esta oportunidad siento que en el mundo de la política nos ha faltado grandeza, unidad, colaboración, diálogo y acuerdos para enfrentar estos enormes y exigentes desafíos”.

Vivian Asun, una estudiante de derecho de 21 años en Santiago, mencionó que albergaba pocas esperanzas en que el sucesor de Piñera fuera más efectivo. No pudo votar el domingo porque está lejos de la ciudad donde está registrada. Pero no es un problema, advirtió.

“No tengo la menor idea por quién votaría”, dijo. “Por supuesto que no me da lo mismo quién gane, pero no hay ningún candidato que pueda responder a las necesidades que estamos enfrentando como país”.

Pascale Bonnefoy reporteó desde Santiago y Ernesto Londoño desde Florianópolis, Brasil.

Ernesto Londoño es el jefe del buró de Brasil, con sede en Río de Janeiro. Anteriormente fue parte del Consejo Editorial del Times y, antes de unirse al diario en 2014, trabajó para The Washington Post. @londonoe • Facebook


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