Julián Gallo, conocido como Carlos Antonio Lozada, senador del partido Comunes en su oficina dentro del Capitolio Nacional de Colombia.Camilo Rozo

El Departamento de Estado estadounidense ha comunicado este martes la retirada de la extinta guerrilla colombiana de las FARC de su lista de grupos terroristas extranjeros al asegurar que “ya no existe como organización unificada que se dedica al terrorismo o actividades terroristas o que tiene la capacidad o la intención de hacerlo”. Ante las críticas que recibió la Administración de Joe Biden tras el anuncio de la revocación, el jefe de la diplomacia estadounidense, Antony Blinken, precisa, sin embargo, que la decisión “no cambia la postura respecto a cualquier imputación o posible imputación en Estados Unidos contra exlíderes de las FARC, incluidos por delitos de narcotráfico, ni quita la mancha de la decisión de la Jurisdicción Especial de Paz (JEP) de Colombia, que vio sus acciones como crímenes de lesa humanidad”.

No obstante, esa agencia considera que quienes sí tienen capacidad para crear el terror y, por lo tanto, han sido designadas como organización terrorista, son las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército Popular (FARC-EP) y Segunda Marquetalia, dos grupos disidentes de la disuelta guerrilla que decidieron retomar las armas tras la rúbrica del acuerdo. Como consecuencia derivada de lo anterior, también son proscritos los líderes de esos grupos: Luciano Marín Arango, Hernán Dario Velásquez Saldarriaga, Henry Castellanos Garzón, Nestor Gregorio Vera Fernández, Miguel Santanilla Botache, y Euclides España Caicedo.

Las FARC fueron incluidas en esa lista estadounidense de organizaciones terroristas en el año 1997 y, como resultado, sus integrantes tuvieron prohibida la entrada a Estados Unidos y vieron restringido su acceso al sistema financiero internacional, basado en el dólar.

El fin de la clasificación como grupo terrorista va más allá de las meras declaraciones de intenciones. Para Blinken, la clave de sacar al grupo guerrillero de su lista negra del terrorismo tiene efectos prácticos, como hacer más fácil a Washington dotar de apoyo al histórico acuerdo alcanzado en 2016, incluso financiando programas en los que participan combatientes desmovilizados. La decisión del Departamento de Estado se produce justo una semana después de que el pasado día 23 se cumplieran cinco años de la firma del acuerdo de paz entre las FARC y el Gobierno de Juan Manuel Santos (2010-2018), pacto que salió adelante pese a que fue rechazado en un referendo popular por un estrecho margen.

Hace cinco años, al grito de “¡No más guerra!”, el presidente Santos y Rodrigo Londoño Echeverri, alias Timochenko, máximo líder de las FARC, firmaron en Cartagena de Indias el acuerdo que durante meses habían negociado en La Habana. El pacto ponía fin a la guerrilla más antigua de América Latina tras cinco décadas de guerra. Pero el país se mostró dividido respecto al acuerdo. Siete días después, un 50,2% de los colombianos dijeron “no” al acuerdo en un plebiscito con el que Santos pretendía reafirmar su posición a favor de la paz frente a la demoledora campaña en contra liderada por el expresidente Álvaro Uribe, su antiguo mentor.

El fin de una guerra sobre la que crecieron varias generaciones de colombianos se cerraba con unas dolorosas cifras: entre 1958 y 2018, el conflicto provocó más de 260.000 muertos y más de 80.000 desaparecidos, según el Centro Nacional de Memoria Histórica. El Gobierno colombiano calculó en más de ocho millones el número de desplazados por la violencia desde 1985 hasta 2019.

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