La UE ha aprobado este lunes una ráfaga de sanciones contra la red rusa de mercenarios conocida como Wagner, acusada de graves crímenes de guerra en los países donde opera. La publicación de los cargos contra las ocho personas sancionadas en el diario oficial de la UE describen de manera espeluznante la actividad de un grupo presuntamente vinculado al Kremlin y que está presente en numerosos conflictos sangrientos. La UE también ha sancionado a la propia empresa Wagner, aunque no tiene constancia de su existencia legal, y a tres compañías rusas que explotan recursos naturales en Siria en beneficio de los mercenarios.

“Las actividades de este grupo representan las tácticas de ataques híbridos de Rusia”, ha señalado el alto representante de Política Exterior de la UE, Josep Borrell, al término de la reunión de ministros de Exteriores de la UE que ha aprobado las sanciones. Wagner “supone una amenaza y provoca inestabilidad en varios puntos del planeta”, ha añadido Borrell.

El castigo se traduce en la prohibición de entrar en territorio comunitario y en la congelación de bienes en cualquiera de los 27 Estados miembros. La lista negra incluye ex altos cargos del Ejército ruso o de los servicios de espionaje de Moscú a los que se considera como los dirigentes de Wagner y responsables directos de acciones armadas en Ucrania, Libia, Siria y República Centroafricana.

Entre los sancionados figura Dimitriy Utkin, un exagente del servicio de información militar ruso (el llamado GRU) que, según la UE, es el fundador de la trama mercenaria y “el responsable de la coordinación y planificación de operaciones para el despliegue de mercenarios del grupo Wagner en territorio ucranio.

Otro presunto miembro de Wagner, Denis Kharitonov, es sancionado por combatir en el este de Ucrania (en la región del Donbás), donde estuvo al mando de un pelotón de sistema de misiles antiaéreos portátiles. “Ha admitido que derribó personalmente un helicóptero ucranio y dos aviones Su-25 mientras estuvo en el Donbás”, señala el reglamento del Consejo que recoge las sanciones.

Siria ha sido otro de los campos de batalla donde, según la UE, la actividad criminal de Wagner ha sido más frecuente. Los mercenarios apoyaron al régimen de Bachar el Asad, sacudido por una década de guerra civil. En este caso, la UE considera que Wagner es responsable de abusos de derechos humanos “que incluyen torturas y ejecuciones y homicidios extrajudiciales, sumarios o arbitrario”.

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El fundador de Wagner, Dimitry Utkin, es acusado de haber ordenado “personalmente” la tortura hasta la muerte de un desertor sirio, ejecutado por cuatro mercenarios de Wagner en junio de 2017 en la provincia de Homs. Utkin no se conformó con el asesinato. También ordenó que “fuera filmado”, según los cargos publicados en el Diario oficial de la UE. “Por su posición de mando dentro del Grupo Wagner, Utkin es responsable de los graves abusos de los derechos humanos cometidos por el grupo, que incluyen torturas y ejecuciones y homicidios extrajudiciales, sumarios o arbitrarios”, señala el reglamento. Stanislav Dychko, uno de los autores del crimen, también figura en la lista de sancionados.

Las sanciones también alcanzan a algunos de los dirigentes del grupo mercenario en Libia o en República Centroafricana. En este país africano, Valery Zakharov, antiguo miembro de la agencia de seguridad del Estado ruso, se ha situado como consejero del presidente de la república. “Es una figura clave de la estructura de mando del grupo Wagner y mantiene vínculos estrechos con las autoridades rusas”, acusa el reglamento de sanciones de la UE. Y también tendría las manos manchadas de sangre, según el mismo documento. Entre los abusos de Zakharov, “se incluye el asesinato de tres periodistas rusos en 2018, de cuya seguridad era responsable”.

La UE ya había golpeado anteriormente al grupo Wagner, pero no con tanto alcance. En octubre de 2020, sancionó al empresario ruso Yevgeniy Prigozhin, acusado de mantener “vínculos estrechos, en particular económicos, con la empresa militar privada Wagner”. El conflicto en el punto de mira de Bruselas en aquel momento era Libia, tras haber detectado la presencia de los mercenarios rusos en ese país.

En esta ocasión, la UE esgrime hasta cuatro regímenes de sanciones (el de Ucrania, Libia, Siria y uno general de derechos humanos) para ampliar el castigo a los presuntos responsables de la trama mercenaria. La UE acusa al grupo ruso de “reclutar, entrenar y enviar operativos militares privados a zonas de conflicto por todo el planeta”. Y de alimentar la violencia, intimidar a la población civil y saquear los recursos naturales de los países donde opera.

Las tres empresas incluidas este lunes en la lista de sanciones (Veleda, Mercury y Evro Polis) tienen su sede social en Rusia, pero operan en el sector de petróleo y gas en Siria gracias a las concesiones del régimen de El Asad. La compañía Evro Polis sirve de pantalla, según la UE, para que Wagner reciba el 25% de los ingresos de las explotaciones concedidas por Damasco al grupo paramilitar.

La UE sancionará a Turquía por vulnerar el ‘status quo’ en Chipre

La UE ha dado también este lunes los primeros pasos para sancionar a Turquía por decidir de forma unilateral la reapertura de una parte de Varosha, un barrio de la ciudad de Femagusta ubicado en la zona turca y a pocos kilómetros de la línea que divide el país en dos. El distrito, una especie de tierra de nadie, ha estado abandonado desde la invasión turca del norte de Chipre en 1974, pero desde octubre de 2020 el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, ha ido tomando medidas unilaterales para reabrir algunas zonas de este antiguo paraíso turístico del Mediterráneo. Estas acciones violan las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU, según estima la UE.

La batería de medidas sancionadoras son por ahora solo un abanico de opciones, tal y como ha detallado Borrell este lunes en Bruselas. Estas, en principio, irían dirigidas “contra personas y entidades de Turquía”, según fuentes europeas. Durante la cita con los ministros de Exteriores se ha presentado un “papel de opciones” y se ha acordado evaluar las posibilidades sobre la mesa. Estas, ha explicado el Alto Representante de la UE para Política Exterior, “incluirán también la creación de un régimen específico de sanciones dirigidas contra personas y entidades involucradas directamente en la reapertura de parte de Varosha”. Se trata de la base legal habitual antes de proceder al rejonazo del régimen de sanciones. Borrell ha evitado entrar en profundidad en las medidas, las cuales estudiarán los Veintisiete en las próximas reuniones de los embajadores ante la UE.

“Es esencial que Turquía regrese seriamente al proceso de Naciones Unidas y se abstenga de cualquier acción que pueda deteriorar más allá la situación sobre el terreno”, ha reclamado el Alto Representante, que se ha referido a la “solidaridad” con Chipre que han expresado los Estados miembros.

La ruptura del status quo de Varosha, sobre la que existía incluso un plan que contemplaba la cesión del control a la ONU o al Ejecutivo de Nicosia para convertirla en un ejemplo de convivencia entre turcos y griegos de Chipre, vulnera, según la UE, las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU. Borrell ya reclamó este verano a Ankara “la anulación de todos los pasos dados en Varosha desde octubre de 2020″ y advirtió a Turquía de posibles medidas por vulnerar el derecho internacional y por sus “inadmisibles” intentos de asentar en la zona a personas que no sean sus habitantes.

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