Un taxi y un vehículo con licencia VTC, en Madrid.R.M.

El Tribunal Supremo ha admitido el recurso de casación presentado por la Federación Profesional del Taxi de Madrid, reconociéndola como parte interesada en el proceso de concesiones de VTC (vehículo de alquiler con conductor), las que utilizan compañías como Uber y Cabify, y tendrá que revisar el procedimiento de concesión de más de 70 autorizaciones en la Comunidad de Madrid.

En concreto, el Supremo ha determinado que la asociación es parte interesada en el proceso de revisión del cumplimiento de adjudicación de licencias VTC concedidas en los últimos años en la Comunidad de Madrid y otorga así el acceso a los expedientes de concesión de estas autorizaciones. En la práctica, el fallo puede crear jurisprudencia y abre la puerta a estudiar la legitimación de las asociaciones de taxistas en esta causa.

El presidente de la Federación Profesional del Taxi de Madrid, Julio Sanz, considera que esta decisión llega en un momento crucial: “Queda poco para que se agote el tiempo de aplicación del decreto Ábalos [la norma dio una moratoria a una parte de las licencias de VTC para seguir operando hasta septiembre del año que viene] y muchas de estas autorizaciones de las que hablamos podrían haberse concedido de forma irregular”.

Sanz ha subrayado que solicitarán la revocación de las autorizaciones que queden demostradas que se concedieron de manera irregular. “En otras comunidades autónomas, las organizaciones de taxistas lo han hecho posible”. Una de las denuncias que hace la federación es que la Comunidad de Madrid siempre se ha negado a facilitar la información de unos expedientes tal y como se hacía en otras regiones. “No entendemos la postura de la Comunidad, pues la intención del sector siempre ha sido la de contribuir con la Administración y defender el cumplimiento de la ley”, ha añadido.

Así, recuerda que existen miles de autorizaciones funcionando en la capital concedidas entre 2013 y 2015, y que ahora podrían quedarse sin permiso para circular (esta sentencia solo se refiere a unas 70 licencias VTC de las 8.000 que existen en la región). “Es comprensible y admirable el trabajo que realizaron los funcionarios públicos para sacar adelante tal cantidad de expedientes en el plazo legal, pero no lo es la de los responsables políticos, que se negaron sistemáticamente a revisarlos, para finalmente haber tenido que ser el Supremo el que nos permita a nosotros revisarlos”, sostiene.

El auto del Tribunal Supremo se sustenta en la formación de jurisprudencia para “completar, reforzar, matizar o corregir la existente, a fin de delimitar la legitimación activa de entidades como asociaciones del taxi, en los procedimientos de concesión de autorizaciones de arrendamiento de vehículos con conductor respecto del cumplimiento de los requisitos establecidos en la normativa”.

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Sanz ha insistido asimismo que la Federación Profesional del Taxi de Madrid seguirá velando por el cumplimiento estricto de la ley y de esta ratio. Este caso del Supremo se trata solo de una de las muchas causas judiciales que se mantienen abiertas en la guerra entre el taxi y las VTC. Por ejemplo, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid decidió a final de septiembre devolver al Gobierno la patata caliente para que no sean las comunidades autónomas las que determinen si se deben retirar licencias, mantenerse las que están o concederse nuevas. Y en el Supremo también se amontonan por miles los recursos planteados sobre licencias solicitadas sin conceder, a lo que el alto tribunal ha admitido en diversas sentencias los recursos con el fin de “completar, reforzar, matizar o, en su caso, corregir” la jurisprudencia del propio Supremo de 2018 que respaldaba la ratio de una VTC por cada 30 taxis. La batalla judicial sigue muy viva.



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