La Comisión Europea ha aprobado este martes un proyecto de reforma de la zona Schengen destinado, entre otras cosas, a centralizar en Bruselas el cierre de las fronteras exteriores en caso de crisis sanitaria. El Consejo de la UE asumiría esa potestad para decretar, a propuesta de la Comisión, el cierre generalizado y evitar que cada país adopte sus propias normas sobre la entrada de viajeros procedentes de países terceros como ha ocurrido durante la actual pandemia. Si la centralización recibe el visto bueno de los Estados miembros en el Consejo, la reforma supondrá un paso muy significativo en la gestión conjunta de un perímetro exterior que todavía permanece en gran medida bajo la responsabilidad exclusiva de cada país.

“La heterogeneidad en las decisiones sobre las fronteras exteriores no es buena para la zona Schengen”, ha señalado el vicepresidente de la Comisión, Margaritis Schinas, en la presentación del proyecto. Schinas también ha subrayado que Schengen es una de las tres conquistas que definen a la UE, junto al mercado interior y la moneda única, por lo que Bruselas considera imprescindible preservar su integridad.

La nueva norma (añadida al artículo 21 del Código Schengen) permitirá a la Comisión proponer el cierre de fronteras exteriores de la Unión tan pronto como el Centro europeo de control y prevención de enfermedades detecte la presencia de una enfermedad infecciosa con potencial epidémico. Una vez aprobado, el cierre será obligatorio para todos los Estados miembros.

El cambio pretende acabar con la diversidad de normas aplicadas durante la actual epidemia. Los 27 países de la Unión acordaron el primer cierre de fronteras en la historia del club el 17 de marzo de 2020, solo seis días después de que la Organización Mundial de la Salud calificase como pandemia la propagación del coronavirus. Pero se trató de un acuerdo basado en una mera recomendación de la Comisión Europea, que cada país era libre de aplicar con un amplio margen de interpretación.

Bruselas señala que algunos socios de la UE decidieron impedir la entrada a todos los viajeros extracomunitarios salvo a los procedentes de países considerados seguros. Sin embargo, otros abrieron sus fronteras a países considerados inseguros o las mantuvieron cerradas para los seguros, “lo que socavó el planteamiento uniforme deseado”, según la Comisión.

Aun así, la medida tuvo bastante éxito y en cuestión de dos semanas todos los socios comunitarios, salvo Irlanda, adoptaron impedir la entrada de viajeros salvo cuando tuvieran motivos esenciales. El 31 de marzo de 2020, el tráfico aéreo procedente del exterior de la UE ya se había reducido un 86,1%, lo que suponía 25.948 vuelos menos que el mismo día del año anterior, según Eurocontrol, la agencia intergubernamental de control aéreo. La misma caída de tráfico se registró en el transporte ferroviario, por carretera y marítimo, con los cruceros llegando a un parón del 100%.

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Pero la Comisión Europea quiere disponer de una base legal más sólida para futuras crisis sanitarias. Y por ello, ha aprobado un proyecto de reforma del código de fronteras de la zona Schengen en el que se incluye la potestad de decretar de manera centralizada el blindaje fronterizo en caso de amenaza grave para la salud pública.

La reforma también modifica ligeramente las normas sobre controles internos dentro de Schengen, pero los cambios no van tan lejos como temían los países de la periferia, como España. Los gobiernos en primera línea de los flujos migratorios temían que la Comisión facilitase el cierre de fronteras internas para impedir los llamados movimientos secundarios de los migrantes irregulares, es decir, cuando se desplazan del Estado de llegada hacia otro país de la UE.

La propuesta incluye la posibilidad de introducir controles fronterizos en caso de movimientos secundarios, algo que en la práctica ya ocurre. No obstante, añade que deben ser movimientos “de gran escala”. Y se limita a autorizar la devolución en caliente dentro de la zona Schengen si el migrante irregular ha sido detenido durante una operación conjunta de las policías de los países de los dos lados de la frontera.

La modificiación del código Schengen también facilitará el endurecimiento de las normas de asilo en caso de que un país tercero “instrumentalice” la migración para desestabilizar a un socio de la Unión, como, según Bruselas, está haciendo Bielorrusia con Polonia, Lituania o Letonia. La Comisión ya ha propuesto un cambio temporal de las normas de asilo para esos tres países, pero lo hizo basándose en el Tratado de la UE. La Comisión quiere disponer para el futuro de una base legal más ágil y adaptada al caso específico de la migración como arma para ataques híbridos desde el exterior.

Bruselas también propone modificar los artículos 25 y 28 que rigen la reintroducción temporal de los controles fronterizos internos. En el caso de amenazas sobrevenidas y repentinas (artículo 28), el plazo de los controles pasaría de 10 días (prorrogables hasta dos meses como máximo) a 30 días prorrogables hasta tres meses.

En caso de restablecer los controles ante acontecimientos previsibles (artículo 25), como una manifestación o un gran evento deportivo, la norma actual prevé controles durante 30 días prorrogables en períodos de seis meses. La nueva norma prevé controles durante períodos de un semestre hasta llegar a dos años. Pero tras el primer semestre, la renovación de los controles estará supeditada a la elaboración de un estudio de riesgo que demuestre la veracidad y magnitud de la amenaza. Y a partir de los 18 meses, la prórroga requerirá un dictamen de la Comisión constatando la proporcionalidad y necesidad de la medida.

La comisaria europea de Interior, Ylva Johansson, ha asegurado: “Con nuestras propuestas de hoy garantizaremos que los controles fronterizos solo se introducen como último recurso, a partir de una evaluación común y solo por el tiempo que sea necesario”. Bruselas recuerda que el impacto de los controles fronterizos quedó claro durante las primeras fases de la pandemia, cuando hasta 16 países limitaron el paso de personas o mercancías. El daño fue especialmente grave, según Bruselas, para los 150 millones de personas (un tercio de la población de la UE) que vive en regiones transfronterizas y para los 3,5 millones de personas que cruzaban cada día las fronteras internas de Schengen antes de la pandemia.

La gestión común de las fronteras exteriores comenzó a ser una necesidad, precisamente, tras la puesta en marcha de la zona Schengen, que suprimió los controles fronterizos internos entre los socios. Pero cada país mantiene un control férreo sobre sus propios límites territoriales. La UE tiene 14.647 kilómetros de frontera exterior compartida con 23 países, según el recuento de la Fundación Schuman. A ello se añaden unos 67.500 kilómetros de línea costera. Pero Bruselas apenas tiene potestad sobre la vigilancia y gestión de ese cinturón terrestre y marítimo a pesar de que es vital para garantizar el buen funcionamiento de la zona Schengen y del mercado interior. La propuesta de este martes permitiría por primera vez cerrar las fronteras exteriores de manera coordinada y obligatoria para todos los Estados.

Las crisis migratorias de los últimos años (en particular, la de 2015) y la pandemia de covid-19 han puesto en peligro tanto la libre circulación de personas como la de mercancías. Ante el riesgo de flujos migratorios descontrolados o de amenazas a la salud pública, los socios han respondido con el reflejo proteccionista de cerrar sus fronteras interiores aunque, según Bruselas, esas medidas casi siempre solo consiguen empeorar el problema. En todos los casos, la Comisión Europea ha abogado por la respuesta coordinada, pero en los primeros compases de cada crisis suele cundir el pánico y el sálvese quien pueda.

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