Mientras crecía en Minnesota, Tyler Graf no sabía casi nada de su madre biológica. Y dice que, lo poco que sabía, le dolía.

En los documentos de adopción figuraba su nombre, Hilda del Carmen Quezada; su edad, 26 años; la fecha, 2 de marzo de 1983; y el hospital donde lo parió en el centro de Chile. Los documentos también incluían una nota del juez en la que se decía que Quezada lo entregaba porque tenía poco dinero y “otros hijos que mantener”.

“Nunca pensé que ninguna excusa sería suficiente”, dijo Graf, quien ahora es bombero en Houston. “Cargué con esa animosidad, ese resentimiento, toda mi vida”.

La afirmación de que su madre lo entregó voluntariamente le dolió, dijo Graf, hasta que se enteró este año de que es uno de los cientos —posiblemente miles— de chilenos adoptados que fueron arrebatados a sus padres sin su consentimiento durante la dictadura militar del país.

Resultó que Quezada no había entregado a su hijo; le dijeron que el bebé, prematuro, nacido tres meses antes de la fecha esperada, había muerto.

“A las dos semanas del parto me dijeron que había muerto”, dijo Quezada. “Yo pedí que me entregaran el cuerpo y me dijeron que no porque era muy chiquitico”.

Los investigadores que investigan las adopciones coercitivas en Chile desde que salieron a la luz los primeros casos en 2014 han llegado a una conclusión sorprendente: la práctica se extendió durante el gobierno del general Augusto Pinochet, que fomentó activamente las adopciones en el extranjero para reducir la pobreza en las décadas de 1970 y 1980. El proceso contó con la ayuda de una amplia red de funcionarios —entre los que se encontraban jueces, trabajadores sociales, profesionales de la salud y agentes de adopción— que falsificaron documentos y se supone que aceptaron sobornos.

En los últimos años, más de 550 personas adoptadas se han reencontrado con sus familias biológicas. Pero los investigadores afirman que la trama, que aún se está descubriendo, probablemente implicó a muchos más niños.

Los funcionarios judiciales chilenos están investigando unos 650 casos de adopciones irregulares, un fenómeno que el Ministerio de Justicia calificó en un comunicado como “extremadamente grave”.

Mario Carroza, un juez chileno que abrió una investigación penal sobre las adopciones en 2018, dijo que los investigadores estaban analizando las circunstancias de unas 8000 adopciones en el extranjero que tuvieron lugar entre 1970 y 1999. El juez Carroza dijo que el número de casos bajo escrutinio podría llegar a 20.000.

En octubre, Suecia comenzó una investigación sobre las adopciones irregulares, respondiendo a la presión de los adoptados chilenos criados en ese país que han usado las pruebas de ADN para establecer sus conexiones con los padres biológicos en Chile que han perdido un hijo.

El general Pinochet tomó el poder en 1973, en un sangriento golpe de Estado que derrocó a Salvador Allende, el presidente chileno de izquierda. Luego lideró un régimen brutal en el que la economía del país creció mientras miles de opositores eran ejecutados, desaparecidos, detenidos, torturados y exiliados.

Años después de la muerte del general en 2006, los chilenos se han horrorizado al saber cómo se generalizaron las adopciones coercitivas bajo su mandato.

“Se conoce la historia de violación de derechos humanos durante la dictadura, los casos de tortura, detención política, represión, pero esto ha sido invisibilizado”, dijo Boris Barrera, un miembro del Congreso que lideró una investigación legislativa sobre el asunto en 2018.

Las denuncias de adopciones coercitivas en Chile son anteriores a la dictadura. Pero la práctica se volvió escalofriantemente común a partir de finales de la década de 1970, cuando el gobierno de Pinochet comenzó a promover explícitamente las adopciones durante un período de crisis económica, dijo Karen Alfaro Monsalve, una profesora de la Universidad Austral de Chile que ha investigado la historia de las adopciones coercitivas.

“Lo que hay en el fondo es la salida de niños pobres que eran un escollo para lograr el desarrollo económico del país”, dijo Alfaro Monsalve. “Pinochet tenía una especie de emigración forzada que le permitía controlar la cantidad de población en Chile y poder llevar a cabo el giro neoliberal”.

La práctica abusiva fue objeto de escrutinio en 2014, después de que la agencia de noticias de investigación chilena CIPER publicara un artículo sobre un puñado de adopciones coercitivas, documentando el papel desempeñado por un sacerdote y un médico. En los años siguientes, a medida que decenas de adoptados criados en Chile y en el extranjero se lanzaron a rastrear sus raíces, muchos de ellos mediante pruebas de ADN, un patrón inquietante se hizo más evidente.

Cientos de mujeres se presentaron con relatos similares de pérdida inesperada de sus bebés poco después de dar a luz. A muchas les dijeron que habían nacido muertos, mientras que otras afirmaron que funcionarios del gobierno se hicieron cargo de ellos.

La comisión del Congreso dirigida por Barrera culminó con un llamamiento al gobierno chileno para que establezca una comisión de la verdad y reparación y para que construya una base de datos de ADN que permita conectar a los adoptados con las familias biológicas. Pero hasta ahora no se ha acusado a nadie en relación con los secuestros.

Los funcionarios judiciales han moderado las expectativas al señalar que la prescripción de los delitos hará difícil llevar a los individuos ante la justicia.

Constanza del Río, una de las fundadoras de Nos Buscamos, una organización que ayuda a los adoptados que fueron víctimas de trata, dijo que el hecho de que el gobierno no haya investigado los crímenes con más diligencia es inexcusable.

“No tenemos 25 años para que ellos investiguen a paso de tortuga porque tenemos madres que se están muriendo”, dijo. “La justicia a lo mejor llega pero va a llegar demasiado tarde”.

Quezada, de 65 años, que tiene tres hijas, nunca hizo las paces con la pérdida de su hijo. Lo lloraba cada año en su cumpleaños, dijo. Décadas más tarde, todavía podía imaginar los prominentes ojos negros que la miraban desde la incubadora la última vez que lo vio.

Cuando empezaron a circular noticias sobre las adopciones ilegales, Quezada se horrorizó, dijo, pero nunca se permitió un atisbo de esperanza, hasta que sonó su teléfono un día del pasado mes de mayo.

Se trataba de Marisol Rodríguez, fundadora de Hijos y Madres del Silencio, una organización de voluntarios que ha facilitado la reconexión de más de 250 familias separadas por adopciones forzadas.

Rodríguez le explicó a Quezada la improbable cadena de acontecimientos que condujo a la llamada. Hace años, dijo Rodríguez, su hijo, que era bombero, había ido a Houston para un ejercicio de entrenamiento. Allí entabló amistad con un bombero estadounidense que dijo haber sido adoptado en Chile.

El hijo de Rodríguez se ofreció a intentar localizar a los padres biológicos de su nuevo amigo y regresó a Chile con copias de su expediente de adopción. Una vez en el país, entregó los documentos al grupo de Rodríguez, que vio en el expediente los signos reveladores de una adopción forzada.

Quezada se quedó boquiabierta.

“No podía digerir la información”, dijo. “No podía entender lo que pasaba”.

Pero la conmoción dio paso a un ardiente deseo de recuperar el tiempo perdido. Días después de conocer la noticia, Quezada hizo una videollamada y vio por primera vez a su hijo como adulto.

“Cada músculo de mi cuerpo se tensó y mis ojos se llenaron de lágrimas”, recuerda Graf. “Sentí como si me hubieran golpeado con un bate y estuviera viendo estrellas”.

En pocas semanas, Quezada se subió a un avión por primera vez en su vida y voló a Houston. En un reencuentro organizado por un periodista local, Quezada sorprendió a su hijo, que se derrumbó en los brazos de su madre.

“Fue el abrazo más apretado”, recuerda Graf. “Nos dejaron solos en los brazos del otro y nos abrazamos y ella me besó y nos quedamos llorando”.

Algunos adoptados chilenos han encontrado una respuesta muy diferente tras localizar a un padre biológico. María Diemar, que se crio en Suecia tras ser trasladada desde Chile cuando era una bebé en 1975, pasó años buscando pistas que finalmente la llevaron a localizar a su familia biológica en el sur de Chile.

Se enteró de que su madre, que había trabajado como empleada doméstica cuando ella nació, había sido obligada a renunciar a la bebé por su empleador de ese momento. La noticia de que su hija desaparecida intentaba ponerse en contacto no fue bien recibida porque, según le dijeron a Diemar, su madre mantenía una relación abusiva con un hombre que no sabía del nacimiento.

Eso no impidió a Diemar indagar en el caso de su hermano menor, Daniel, que también fue adoptado en Chile. A la madre del niño también le habían dicho que había muerto durante el parto. Los dos se han vuelto cercanos en los últimos años, lo que Diemar considera una victoria.

“Ha significado mucho viajar a Chile con Daniel, compartir la historia de nuestra crianza, nuestra infancia, y simplemente estar en el país en el que se suponía que debíamos estar”, dijo. “Es muy sanador hacer esto juntos”.

Diemar dijo que tenía poca fe en que las investigaciones en curso en Chile y Suecia condujeran a acciones judiciales.

“Pero creo que es importante que los libros de historia digan que esto ocurrió”, dijo. “Fueron crímenes”.

Desde que se reencontró con su madre, Graf ha experimentado un aturdimiento emocional. Ha tenido estallidos de ira, momentos de gratitud y sentimientos de indignación.

Pero, en última instancia, reconectar con su madre biológica fue tan sanador y clarificador que creó una organización para suministrar kits gratuitos de la empresa MyHeritage DNA a los adoptados y a las familias que creen que pueden haber tenido un bebé robado.

“Estamos recuperando 38 años de tiempo perdido”, dijo. “Un tiempo que no podemos recuperar”.

Ernesto Londoño es el jefe del buró de Brasil, con sede en Río de Janeiro. Anteriormente fue parte del Consejo Editorial del Times y, antes de unirse al diario en 2014, trabajó para The Washington Post. @londonoe • Facebook

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